El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz informó sobre la incautación de más de 5000 kilos de presunta marihuana en el estado Amazonas. La operación, ejecutada como parte de la estrategia denominada «Neblina», se realizó en el sector Caño Caname del municipio Atabapo, donde se decomisaron 162 sacos que contenían más de 4800 envoltorios de la sustancia.
Según detalló el superintendente nacional Antidrogas, mayor general Danny Ferrer Sandrea, la operación contó con la participación de efectivos de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Guayana, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Amazonas, el Comando Antidrogas y el Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana, además de las Unidades de Reacción Rápida de Anzoátegui y Carabobo, en conjunto con fiscales del Ministerio Público.
El M/G Ferrer Sandrea destacó que la lucha contra el narcotráfico se mantiene como una prioridad para el Estado venezolano, al asgeurar que «Venezuela sigue dando golpes certeros a las organizaciones criminales que pretenden violar nuestra soberanía».
Asimismo, adelantó que para 2025 se fortalecerán las acciones antidrogas, articulando esfuerzos entre los órganos de seguridad y el poder popular para consolidar un territorio libre del flagelo.
Incinerada droga incautada
Más de 5000 kilos de marihuana, incautados durante la Operación Neblina en el municipio Atabapo del estado Amazonas, fueron incinerados por la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad), en colaboración con el Sistema Defensivo Territorial.
El superintendente nacional Antidrogas, M/G Danny Ferrer Sandrea, destacó que la incineración de esta droga coloca al estado Amazonas como el tercer lugar con la mayor cantidad de droga incautada en el país, solo superado por el estado Zulia y el territorio marítimo.
Según Ferrer, esta acción es una muestra de cómo las fuerzas de seguridad y la defensa territorial están logrando interceptar de manera más eficiente los intentos de introducir sustancias ilícitas en el país.
El proceso de incineración se realizó conforme al artículo 193 de la Ley Orgánica de Drogas, que establece que las sustancias decomisadas deben ser destruidas dentro de los 30 días posteriores al decomiso. La actividad fue supervisada por la Fiscalía Octava del Ministerio Público y coordinada con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
