27 de mayo de 2026 | 1:10
En Venezuela es común leer o escuchar que una persona «fue privada de libertad por el Ministerio Público«. Sin embargo, de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), la privación judicial preventiva de libertad solo puede ser decretada por un tribunal.
El Ministerio Público sí tiene facultades para dirigir investigaciones penales, imputar delitos y solicitar medidas cautelares. Entre ellas figura la solicitud de privación preventiva de libertad ante un juez de control.
Solicitud fiscal
El Ministerio Público es el organismo encargado de dirigir la investigación penal en Venezuela. Los fiscales pueden ordenar diligencias, coordinar actuaciones policiales, imputar a una persona por la presunta comisión de un delito y solicitar medidas ante tribunales.
Durante audiencias judiciales, la fiscalía puede solicitar la privación preventiva de libertad cuando considere que existen elementos de convicción suficientes y riesgos procesales establecidos en la ley.
Decisión judicial
Aunque el Ministerio Público puede solicitar la medida, corresponde exclusivamente a un juez de control decidir si acuerda o no la privación preventiva de libertad.
El artículo 236 del COPP establece que el tribunal debe evaluar aspectos como:
- Existencia de un hecho punible
- Elementos de convicción
- Riesgo de fuga
- Obstaculización de la investigación
La legislación venezolana considera esta medida como excepcional dentro del proceso penal.
Medidas cautelares
No todos los imputados quedan privados de libertad durante un proceso penal. El tribunal también puede acordar medidas cautelares sustitutivas, entre ellas:
- Presentaciones periódicas
- Prohibición de salida del país
- Restricción de acercamiento
- Prohibición de declarar sobre el caso
La decisión dependerá de las circunstancias de la investigación y de la evaluación realizada por el juez.
Diferencias legales
En Venezuela existe diferencia entre imputar y privar de libertad.
La imputación corresponde al acto mediante el cual el Ministerio Público atribuye formalmente a una persona participación en un delito.
La privación preventiva de libertad, en cambio, únicamente puede ser decretada por un tribunal dentro de un proceso judicial.
